UIF, SAT y FGR investigan a panistas por factureras

MÉXICO.- Exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda es investigado junto con su hijo Santiago Creel Garza-Ríos y el excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, por participar supuestamente en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas (EFOS), defraudar al fisco y participar en lavadodinero producto del narcotráfico.


De acuerdo con expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Fiscalía General de la República (FGR), están identificadas 36 empresas, la mayoría con sede en Zapopan, Jalisco –principal centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG)–, que utilizan a seis despachos de abogados como representantes legales y a través de los cuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se triangulan millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas.


En el centro de estas investigaciones está el presidente de la Comisión Política del PAN y principal convocante de este partido de derecha para establecer una vía de comunicación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el legislador panista Creel Miranda, quien junto con su hijo –que también es abogado, Santiago Creel Garza-Ríos– ha recibido recursos millonarios de otros despachos y de empresas plenamente identificadas por las autoridades financieras de participar en la elaboración de facturas apócrifas, evadir al fisco y crear empresas fantasmas para el blanqueo de capitales.


Según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas, del despacho Suma de Capacidades SC, también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente sujeto a investigación penal por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética.


Como se sabe, Santiago Creel –socio y fundador del despacho Creel, García y Asociados– fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando éste fue candidato por el PAN a la Presidencia de la República en 2018, y cuya contienda perdió frente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.


El hijo de Creel Miranda, Santiago Creel Garza Ríos, recibió transferencias de 42 millones de pesos entre 2016 y 2018, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras que están plenamente identificadas por las autoridades hacendarias; mientras que el despacho del cual es socio –Creel Rodríguez y Abogados– también registra ingresos de ese grupo de empresas: 12.6 millones de Barentsa; 4.9 millones de Gimenn, y 1.7 millones de Servicios Administrativos Zenith. Además, recibió transferencias por 8.7 millones de Dicipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nassar Nassar.


El hijo del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Fox también mantiene alguna relación de sociedad o como representante legal de las siguientes empresas, según reportes de la UIF y el SAT: Canabisa, Corporativo BMW 360, CSL Offshore (creada en 2021); MBW Adventours y Operadora de Bares Colmillo.


El despacho Creel Rodríguez y Abogados tiene como socios además de Creel Garza Ríos a Sebastián Felipe Rodríguez Robles –identificado como uno de los operadores principales de Juan Sabines Guerrero, exgobernador de Chiapas–, quien entre 2016 y 2018 recibió 5 millones de pesos de la red de empresas factureras. También aparece Miguel Ángel López Sánchez, quien representa legalmente a Consultores Killer, quien registra ingresos de nómina de dichas empresas por 5.9 millones en el periodo de 2015 y 2020; y un tercer socio es Iván Daniel Nicolás Marín, quien recibió 1 millón de pesos entre 2015 y 2020.


Las autoridades financieras identifican también una fuerte operación por 814 millones de pesos, que habría facturado Consultores Especializados Killer a la red de empresas factureras que a su vez pagan a los despachos de abogados, dinero que por su volumen se investiga su origen, pues hay la presunción de que pueda ser dinero producto del narcotráfico, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.


Esta empresa Consultores Especializados Killer, de acuerdo con oficios de las autoridades financieras y publicaciones del Diario Oficial de la Federación, ha sido identificada como parte de “una red de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para presentar los servicios de producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”. Es decir, es una Empresa Facturera de Operaciones Sospechosas (EFOS) y por el monto que maneja sin personal ni capacidad productiva, se considera que está “lavando” dinero del narcotráfico.


El despacho Creel Rodríguez y Abogados transfirió además 338 mil pesos a la empresa constructora Jar State Corp, con oficinas en la Ciudad de México.


La maquinación de estas “operaciones sospechosas”, como las clasifican la UIF y el SAT, se inicia con el despacho de abogados Suma de Capacidades, SC, el cual es identificado por las autoridades como una empresa concentradora de recursos y mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFOS.

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